Casi 10 años es el tiempo que le ha llevado a Matthieu Kassovitz montar su película sobre los acontecimientos de Ouvéa, ¡pero al fin lo ha logrado! Para ello, se ha basado en el libro « L’ordre et l’action » del comandante Legorjus, uno de los protagonistas de la historia. Kassovitz, que asume el papel de Legorjus, ha contado con la colaboración de actores no profesionales kanaks.

Desde su estreno, la película ha causado un gran estruendo, provocando numerosas reacciones y debates. El asunto sigue sin duda siendo muy doloroso para muchos.

Pero recordemos los hechos: En abril de 1988, en la isla de Ouvéa en Nueva Caledonia, un grupo de independentistas kanaks atacan la gendarmería de Fayaoué. En el ataque matan a 4 gendarmes y secuestran a otros 27, reteniéndoles en una gruta de la isla. Se envían en consecuencia 300 militares para restablecer el orden. Philippe Legorjus, comandante del GIGN (Grupo de Intervención de la Gendarmería Nacional), negocia durante 10 días con los distintos protagonistas, pero al final se realiza un asalto en el que 19 kanaks y 2 militares mueren.

Más allá de la película, este trágico episodio ha llevado a los Acuerdos de Matignon, firmados en París el 26 de junio de 1988 entre Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur, bajo los auspicios del Gobierno francés representado por Michel Rocard. Estos acuerdos preveían un periodo de desarrollo de 10 años, con garantías económicas e institucionales para la comunidad kanak, y la amnistía para todos aquellos que hubiesen participado en los acontecimientos de Ouvéa.

Un segundo acuerdo, el Acuerdo de Numea, firmado el 5 de mayo de 1998, reconocía la legitimidad de los kanaks en tanto que pueblo principal de la isla y preveía una transferencia progresiva de competencias, a excepción de las relativas a defensa, seguridad, justicia, moneda y política exterior, que seguirían siendo competencia de la República francesa.

Por último, se prevé la celebración de un referéndum entre 2014 y 2018, la fecha aún no se ha concretado, que permitirá decidir sobre la transferencia de las competencias del Estado Regio y “el acceso a un estatus internacional de responsabilidad plena”.

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